A través del análisis y discusión del caso concreto, se logrará que los estudiantes interioricen y recuerden mejor las nociones explicadas durante la lección.

“con la experiencia pretendo…”

–   Consolidar el aprendizaje de los estudiantes

–   Motivar a los estudiantes

–   Amenizar las clases

–   Aumentar la atención en las clases

–   Aumentar la constancia en el estudio

–   Aumentar la participación activa de los estudiantes

B) Mejorar la evaluación

–   Afinar/perfilar la evaluación del aprendizaje

–   Obtener retroalimentación del estudiante

C) Visibilizar

–   La proyección social de las instituciones jurídico-administrativas

–   Las interrelaciones de las instituciones jurídico-administrativas con otras (civiles, fiscales, laborales…)

“la experiencia logrará que los estudiantes mejoren en…”

Gestión de información jurídica

Comprensión lectora

–   extracción de datos: posiciones y argumentos de partes en conflicto

–   interpretación normativa

–   diseño de estrategias impugnatorias

Análisis y crítica

–   contextualización de figuras e instituciones jurídico-administrativas

–   proyección social de las instituciones jurídico-administrativas

–   identificación de relaciones jurídicas colaterales (civil, fiscal, laboral…) de las instituciones jurídico-administrativas

Resolución de problemas

2.       Colectiva

3.       Mixta

4.       Ambivalente

5.       Sistematización de contenidos

6.       Aplicación práctica del conocimiento

2.       Materiales de texto, tanto en papel (artículos, exámenes anteriores, casos prácticos…) como en línea (wikis, blogs…).

3.       Simulación juicios/arbitrajes o Moot court

–   Pantalla para proyectar y leer la sentencia u otros documentos procesales

La experiencia docente que se propone en esta ficha consiste en en sustituir la clásica lección magistral por un debate abierto y atractivo con los alumnos sobre casos jurisprudenciales concretos.

Ahora bien, antes de llevar a cabo esta actividad, es conveniente dedicar una lección, en formato clásico, a la explicación de los temas principales que luego se tratarán de forma más específica y detallada durante el análisis de sentencias. Para obtener el mejor resultado posible, es aconsejable que el profesor pida a los alumnos que acudan a la clase habiendo leído previamente las lecciones a tratar. Así, durante las explicaciones teóricas, los alumnos tendrán la oportunidad de despejar todas sus dudas para después realizar el estudio de los casos prácticos con un conocimiento más profundo sobre el tema.

Para el desarrollo de la actividad, el profesor debe seleccionar dos, tres o cuatro sentencias (en función de las horas disponibles de docencia), sobre los temas que quiera tratar en la práctica.

Al inicio de la actividad, el profesor ha de explicar los hechos sucedidos en alguna de las sentencias, o en todas, si es que quiere tratarlas de forma conjunta por guardar cierta conexión. A continuación, son los alumnos los que deben tomar la palabra para tratar de vincular los hechos acontecidos en los asuntos analizados a los conceptos e instituciones de Derecho Administrativo explicados en las lecciones teóricas previas.

Tras esta discusión inicial, que debe ser dirigida por el profesor, se habrán delimitado ya los perfiles problemáticos de la historia y los vínculos con los argumentos de derecho sustantivo explicados, por lo que procede pasar a debatir las posibles estrategias procesales para resolver cada uno de los asuntos. Una vez que los alumnos, guiados por el profesor, hayan identificado una o más posibles soluciones, el profesor leerá la sentencia para hacerles ver cuál fue la solución finalmente adoptada en el caso concreto.

La última fase de la actividad consiste en comentar la decisión del juez. También en esta fase el rol del profesor se ceñirá a moderar las reflexiones de los alumnos, para dejar que sean estos los protagonistas del debate.

El objetivo principal de esta actividad es que los estudiantes tengan la posibilidad de vincular conceptos, temas e instituciones jurídicas a problemas concretos. Se parte de la creencia de que esta conexión permitirá a los estudiantes interiorizar y recordar más y mejor los temas en discusión.

Finalmente, cabe señalar que tal actividad puede venir sustentada por un manual específico que trate el análisis de algunos casos concretos. En Italia, los profesores de Derecho Administrativo de la Universidad de Ferrara, Gianluca Gardini, Marzia De Donno y Marco Magri, han publicado recientemente un manual titulado Il Diritto Amministrativo nella giurisprudenza, que establece con precisión los objetivos que subyacen a la actividad propuesta.

Consiglio di Stato, sección V, 20 de octubre de 2020, n. 6331[2].

–   PRIMER PASO: La actividad debe ir precedida de la explicación del principio de proporcionalidad en el Derecho Administrativo y, en concreto, del triple test de proporcionalidad inherente a toda actividad administrativa de limitación. De esta forma, los estudiantes dispondrán de las herramientas necesarias para abordar la actividad.

Debe aclararse que la prueba de proporcionalidad toma la forma de un procedimiento compuesto por tres fases bien diferenciadas. Para apreciar la proporcionalidad de la medida, el juez debe comprobar que: 1) la medida es adecuada para lograr el resultado deseado (idoneidad); 2) la medida es la menos gravosa o restrictiva para lograr el resultado (necesidad); y 3) el beneficio conseguido con la misma para el interés general es equilibrado a la limitación que conlleva de intereses privados (proporcionalidad en sentido estricto). Para evitar que la imposición de la medida limitativa resulte anulada por violación del principio de proporcionalidad, la disposición deberá superar esas tres etapas que componen la prueba. Por lo tanto, es indudable que es ilegítima la medida adoptada que no sirve para alcanzar el resultado deseado, pero también lo será aquella que, aunque abstractamente sea adecuada para lograrlo, no sea la menos gravosa porque el mismo resultado pueda lograrse a través de otra solución que implique una menor restricción de los intereses de los individuos. Aun cuando se cumplan los dos primeros criterios, la medida seguirá siendo ilegítima si el beneficio que supone para el interés general no compensa el perjuicio que comporta a los particulares a los que se impone.

SEGUNDO PASO: Tras realizar las explicaciones oportunas sobre los conceptos e instituciones de Derecho Administrativo a tratar con el análisis de la sentencia (en nuestro caso, el principio de proporcionalidad), el profesor debe explicar los hechos acaecidos en el caso concreto seleccionado de la forma más simple y clara posible.

En la sentencia seleccionada para esta actividad, los hechos fueron los siguientes: en junio de 2018, el Alcalde de Roma aprobó una ordenanza destinada, entre otras cosas, a limitar el horario de funcionamiento de los “dispositivos de entretenimiento y ocio con premios en dinero”, conocidos comúnmente como “máquinas tragamonedas”. En concreto, la ordenanza establecía que las máquinas tragamonedas de los establecimientos comerciales solo podían permanecer encendidas y accesibles al público en determinadas franjas horarias predeterminadas (de 9:00 a 12:00 y de 18:00 a 23:00). La infracción de estas disposiciones se castigaba en la ordenanza con sanción administrativa pecuniaria, consistente en el pago de una cantidad de 150,00 € a 450,00 €. La limitación del horario de funcionamiento de las máquinas tragamonedas pretendía, tal y como se indicaba en los motivos de la ordenanza, “prevenir, contrarrestar y reducir el riesgo de dependencia patológica derivada del uso (de los mismos)”.

TERCER PASO: Una vez explicados los hechos, el profesor debe plantear cuestiones prácticas a los alumnos sobre los mismos. Es posible planteárselo introduciendo un juego de rol, en el que los alumnos se convierten en abogados de sujetos privados que se plantean impugnar el acto administrativo o reglamento de que se trata en la práctica. En el ejemplo que trato en esta actividad, podría decirse a los alumnos que son abogados y que dos empresas propietarias de salas de bingo, ubicadas en la ciudad de Roma, han acudido a ellos para consultarles cómo podría anularse la ordenanza del Alcalde de Roma.

A continuación, es el turno de los alumnos. Su participación es fundamental para el desarrollo de esta actividad, por lo que sería recomendable que el profesor no perjudicase en modo alguno a aquellos que responden erróneamente a alguna de sus preguntas y que, en todo caso, considerase positiva y premiase en algún modo la intervención de los alumnos.

El profesor debe preguntar a los alumnos qué recomendaciones harían a las empresas. No existe una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta, dado que en esta primera fase el objetivo es precisamente animar a los estudiantes a desarrollar un razonamiento jurídico amplio y original, aunque quizás vago y poco preciso. El papel del profesor debe ceñirse a orientar la discusión y mantenerla siempre ligada al caso concreto.

CUARTO PASO: Después de desarrollar un primer debate inicial con los alumnos, procede seguir profundizando en el análisis del caso práctico. Para conducir la actividad, el profesor puede plantear preguntas a los alumnos para que estos las resuelvan.

–   En nuestro caso, procedería incitar a los alumnos a pensar si la medida adoptada por el Alcalde de Roma superó o no el triple test de proporcionalidad. Habría que preguntarles si creen que la medida era adecuada para lograr el resultado deseado (idoneidad), la menos restrictiva de entre todas las posibles (necesidad); y la más proporcional, en el sentido de compensar las limitaciones impuestas a los particulares con beneficios para el interés general (proporcionalidad en sentido estricto).

Tras la realización de un debate con los alumnos, habría que llegar, aproximadamente a las siguientes conclusiones:

–       Cualquier medida de reducción en la oferta de el juego se califica como una medida adecuada, en sí misma, para contrarrestar la dependencia patológica de la sociedad hacia este tipo de fenómenos. Por lo tanto, no es relevante que las personas afectadas por esta patología puedan recurrir a otras alternativas de juegos de azar durante los tiempos de cierre de las máquinas “tragamonedas”. En este sentido, la medida será idónea si es razonablemente capaz de alcanzar, hipotéticamente, el objetivo de interés general fijado (prevenir y reducir la ludopatía en la sociedad).

–       La restricción del horario de funcionamiento de las máquinas “tragamonedas” parece representar la medida menos restrictiva de los intereses privados (en este caso, la libertad de iniciativa económica) entre todas las disponibles para combatir el juego patológico (como el cierre de locales o la prohibición de ofrecer cierto tipo de juegos).

–       En cuanto a la proporcionalidad en sentido estricto, habría que considerar que la imposibilidad de utilizar estas máquinas en ciertas bandas horas permite combatir la adicción al juego y, al mismo tiempo, garantizar a los empresarios la continuación de otras actividades comerciales, como la administración de alimentos y bebidas. Se asegura, así, la continuación (aunque parcial) de las actividades económicas de las empresas afectadas por la medida limitativa. Digamos que el beneficio que se genera para la sociedad (prevención del fenómeno de la ludopatía) compensa la pérdida de ingresos de los empresarios del sector (que ni siquiera tienen que renunciar a desarrollar la actividad económica que venían desempeñando).

QUINTO PASO: Finalmente procede que el profesor lea a los alumnos la decisión que adoptó al respecto el tribunal en la sentencia analizada.

En el caso concreto de la sentencia Consiglio di Stato, sección V, 20 de octubre de 2020, n. 6331, habría que leerles el siguiente extracto:

“(omissis) Con le censure articolate nel terzo motivo di gravame, le appellanti si dolgono che i primi giudici non abbiano rilevato la violazione del principio di proporzionalità nelle misure restrittive adottate dall’ordinanza. (omissis)

L’ordinanza sindacale impugnata risulterebbe così del tutto incentrata a suffragare l’idoneità delle misure restrittive adottate rispetto all’obiettivo della prevenzione del GAP, senza ricercare un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, e, in particolare, con l’interesse del settore imprenditoriale colpito dalle restrizioni orarie. (omissis)

La giurisprudenza amministrativa si è occupata in numerose pronunce dell’eventuale contrasto della limitazione oraria del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e di svago con il principio di proporzionalità, esaminando misure che, proprio come quella di Roma Capitale, prevedevano lo spegnimento degli apparecchi per otto ore giornaliere. (omissis)

Precisato che il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quando è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato […] e che, definito lo scopo avuto di mira, esso è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto:

− che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382);

− che l’argomento secondo cui l’amministrazione non abbia tenuto conto di altre forme di gioco verso le quali i soggetti affetti da ludopatia si indirizzerebbero prova troppo poiché dimostra che comunque è opportuno limitare già una delle possibili forme di gioco (le slot machines, appunto) se altre ve ne sono a disposizione;

− che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco;

− che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando certamente una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa. (omissis)

In conclusione, gli appelli vanno respinti e le sentenze di primo grado integralmente confermate.”

Para terminar, el profesor puede vincular los fundamentos jurídicos de la sentencia a las argumentaciones realizadas por los estudiantes durante los debates previos, para que estos adviertan si su razonamiento jurídico fue o no correcto.