Descripción
| Número de la ficha | 13-03-003 | ||
| Nombre de la experiencia | Caso práctico sobre la declaración de ruina | ||
| Autoría | María Fuensanta Gómez Manresa
GID “MEDEA Iuris Innova”, Universidad de Vigo GID «Ciencia jurídica aplicada y docencia creativa», Universidad de Murcia |
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| Breve descripción | Se plantea un caso práctico sobre la declaración de ruina que exige el manejo de legislación administrativa general y autonómica urbanística, además de jurisprudencia. | ||
| Fecha de la experiencia | [Indique la fecha de implantación de la experiencia] | Fecha de publicación en el repositorio | 12-10-2026 |
| Titulación | Grado en Derecho | ||
| Materia | Urbanismo, declaración de ruina | ||
| Número de estudiantes | Cualquier número de estudiantes | ||
| Objetivos:
“con la experiencia pretendo…” |
Mejorar la docencia
– Consolidar el aprendizaje de los estudiantes – Amenizar las clases – Aumentar la participación de los estudiantes |
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| Competencias:
“la experiencia logrará que los estudiantes mejoren en…”
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Localización de información jurídica
Gestión de información jurídica Comprensión lectora – interpretación normativa Análisis y crítica – contextualización de figuras e instituciones jurídico-administrativas Resolución de problemas
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| Características de la actividad
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1. Presencial – virtual –
2. Individual 3. Activa 4. Evaluable 5. Elaboración – ampliación – revisión – sistematización de contenidos 6. Demostración – comprobación – aplicación práctica del conocimiento |
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| Actividades
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Materiales de texto: caso práctico
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| Requisitos técnicos y materiales y otros condicionantes | Ninguno. | ||
| Palabras-clave | Declaración de ruina | ||
- ENUNCIADO
D.ª María García García solicita al ayuntamiento la declaración de ruina de parte de un inmueble de su propiedad. A tales efectos, acompaña un certificado acreditativo de la titularidad dominical, así como el correspondiente informe de un arquitecto.
Iniciado el expediente por el ayuntamiento, se da traslado de este a los arrendatarios que se oponen a la citada declaración de ruina aportando, también, un informe técnico. La oposición de los arrendatarios a la declaración de ruina se fundamenta en los siguientes extremos:
- La petición de ruina solo no está fundamentada en uno de los supuestos previstos legalmente.
- No es posible la declaración de ruina parcial.
- La ruina ha sido provocada por el propietario del inmueble, que no ha adoptado las medidas de conservación oportunas.
- Hace cuatro años se tramitó expediente de ruina en el que se resolvió por el ayuntamiento que no procedía su declaración, de modo que se ordenó al propietario la reparación del inmueble. En atención a este dato, los arrendatarios argumentan que lo procedente es una nueva orden de reparación.
El arquitecto municipal, tras la visita al inmueble, informa que este se encuentra en estado de ruina física, pero no en su totalidad, sino solo en uno de sus cuerpos estructural y funcionalmente separable.
En atención a lo expuesto, debe contestar los siguientes interrogantes:
- ¿En qué supuestos puede declarase la ruina? ¿Es necesario la concurrencia de los todos los supuestos de ruina, como alegan los arrendatarios, o es suficiente que se demuestre la concurrencia de uno solo de ellos?
- ¿Es posible la declaración de ruina parcial?
- ¿Tiene alguna prevalencia el informe del arquitecto municipal sobre los informes de parte?
- ¿Cuál es el órgano competente para la declaración de ruina? ¿Qué recurso podrían interponer los arrendatarios contra la misma?
- Acordada la ruina, ¿Podría el ayuntamiento ejecutar la demolición acordada? Valore también las posibles medidas a adoptar en caso de que el inmueble se declarase en situación de ruina inminente.
- Imaginemos que del informe técnico resulta que la edificación no se encuentra en estado ruinoso y que concurren elementos que determinan que el bien debería catalogarse a los efectos de su protección. ¿Qué debería hacer el ayuntamiento? ¿Puede decidir discrecionalmente sobre este extremo? Razone la respuesta.
- LÍNEA ORIENTATIVA DE RESPUESTA
Para la resolución de esta práctica puede acudirse a la legislación urbanística de la comunidad autónoma que proceda, con independencia de que se tengan en consideración los pronunciamientos jurisprudenciales acerca de las categorías jurídicas y de las cuestiones objeto de estudio.
- ¿En qué casos procede la declaración de ruina? ¿Es necesario la concurrencia de todos los supuestos, como alegan los arrendatarios, o es suficiente que se demuestre la concurrencia de uno solo de ellos?
La respuesta a estos interrogantes se encuentra en la legislación autonómica aplicable que, con carácter general, prevé la declaración del estado ruinoso en determinados supuestos: cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las condiciones fijadas sea superior al cincuenta por ciento del valor del inmueble o plantas afectadas; si la construcción presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales; y en el caso de que se realicen obras que no puedan ser autorizadas por encontrarse la construcción en situación de fuera de ordenación.
- ¿Es posible la declaración de ruina parcial?
En esta pregunta ha de utilizarse la legislación autonómica que, de manera generalizada, establece que la ruina puede ser total o parcial, exigiéndose en este último supuesto que entre las partes del inmueble exista independencia arquitectónica, es decir, que la edificación no constituya una “estructura material unitaria” en términos utilizados en la STS 6601/2000, de 21 de septiembre (ECLI:ES:TS:2000:6601).
- ¿Tiene alguna prevalencia el informe del arquitecto municipal sobre los informes de parte?
Los informes periciales para la confirmación de los distintos extremos que fundamentan la declaración de ruina resultan determinantes, de modo que su valoración, como se explica en la STS 9057/2011, de 15 de diciembre (ECLI:ES:TS:2011:9057), es competencia del juzgador de instancia estando excluida, en principio, su revisión en vía casacional, salvo que se hubiese llegado a “conclusiones ilógicas, absurdas o arbitrarias”.
Sobre este tema, se ha de referir la prevalencia en sede judicial de los informes técnicos que tengan un “contenido con mayor razonamiento y fuerza convincente”, como se señala, entra otras, en la STS 1777/2000, de 6 de marzo (ECLI:ES:TS:2000:1777), resolución en la que, en relación con la materia que nos ocupa, se reconoce mayor veracidad a los informes emitidos por los técnicos municipales.
Sin embargo, a efectos comparativos y de estudio de la naturaleza y valor probatorio de los informes de la Administración, pueden sacarse a colación resoluciones judiciales posteriores, como las SSTS 202/2022, de 17 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:597)[1] y 207/2023, de 21 de febrero (ECLI:ES:TS:2023:639)[2]. A este respecto, resulta especialmente ilustrativo el fundamento jurídico séptimo de la primera de las sentencias mencionadas, que se reproduce seguidamente:
“Más compleja es la otra cuestión de interés casacional objetivo, relativa a la «naturaleza y valor probatorio de los informes de la Administración obrantes en el expediente administrativo más los aportados en sede judicial como pericial, todos elaborados por funcionarios o técnicos de la Administración». A este respecto hay que comenzar recordando que en el Derecho Administrativo no hay normas específicas sobre los medios de prueba, ni sobre su valoración. Así, en el art. 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se dice que «los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». Y con respecto a la prueba en el proceso, el art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa contiene reglas sobre el momento y el modo de pedir el recibimiento a prueba, e incluso sobre algunos aspectos de su práctica; pero sobre los medios de prueba y su valoración se limita a remitirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil. El apartado cuarto del citado art. 60, en efecto, dispone que “la prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil». Más adelante, por lo que específicamente hace a la prueba pericial, el apartado sexto añade que las partes pueden «solicitar aclaraciones al dictamen emitido». Todo ello significa que, para determinar la naturaleza y la fuerza probatoria de los informes y dictámenes elaborados por expertos de la Administración, hay que estar a la legislación procesal civil. Pues bien, tales informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado «dictamen de peritos» en tanto en cuanto reúnan las características que al mismo atribuye el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: que «sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos» y que las personas llamadas como peritos «posean los conocimientos correspondientes». En pocas palabras, se trata de que la acreditación de un hecho requiera de conocimientos especializados. Ninguna duda cabe de que ciertos funcionarios y técnicos al servicio de la Administración, por su formación y selección, pueden tener conocimientos especializados relevantes para probar hechos que sólo por medio de una pericia pueden ser acreditados. Más aún, una parte relevante de los empleados públicos desempeñan precisamente funciones de naturaleza técnica o científica. Ello es, por supuesto, predicable de quienes están al servicio de la Administración como expertos en materias artísticas; expertos que pueden, en principio, actuar como peritos cuando se trate de determinar la mayor o menor calidad de una obra de arte. Tampoco es dudoso que, en el ámbito del Derecho Administrativo, tanto en vía administrativa como en vía jurisdiccional, los dictámenes periciales deben valorarse tal como ordena el art. 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, “según las reglas de la sana crítica». Ello no implica que el dictamen pericial sea una prueba tasada o legal, cuya fuerza está predeterminada por la ley y no puede ser destruida por otros medios. En la tradición jurídica española, es generalmente admitido que esa idea de reglas de la sana crítica -ya presente en el art. 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, e incluso en el hoy derogado art. 1243 del Código Civil- no trae consigo un sistema de valoración de la prueba diferenciado. Antes, al contrario, la valoración según las reglas de la sana crítica no deja de ser una manifestación de libre valoración de la prueba o valoración en conciencia. Ante una prueba pericial puede el juzgador formar su convicción sobre los hechos con libertad, dando a aquélla el peso que -habida cuenta de las circunstancias y del resto del material probatorio- considere adecuado. Pero debe hacerlo exponiendo las razones que le conducen, siguiendo el modo de razonar de una persona sensata, a aceptar o rechazar lo afirmado por el perito. La valoración de la prueba pericial según las reglas de la sana crítica es, así, una valoración libre debidamente motivada; algo que, como es obvio, exige realizar un análisis racional de todos los elementos del dictamen pericial, sopesando sus pros y sus contras. Seguramente, más allá del respeto a la tradición, no era imprescindible que el legislador hiciera esa mención a las reglas de la sana crítica, ya que la exigencia de motivación de las sentencias, impuesta con alcance general por el art. 120.3 de la Constitución, alcanza al establecimiento de los hechos por el juzgador. Una vez sentado que los expertos al servicio de la Administración pueden actuar como peritos y que sus dictámenes -al igual que cualquier otro dictamen pericial- han de ser valorados de manera libre y motivada, es preciso hacer tres consideraciones adicionales a fin de dar cumplida respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo. En primer lugar, tal como señala el recurrente, no es lo mismo que un informe o dictamen emanado de la Administración se haga valer como medio de prueba en un litigio entre terceros o en un litigio en que esa misma Administración es parte. En este último supuesto, no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial. Además, cuando esto ocurre, el dato es relevante, pues exige no eludir la proveniencia puramente administrativa del informe o dictamen, examinando hasta qué punto ello ha podido influir en las conclusiones periciales. En segundo lugar, en conexión con lo que se acaba de decir, no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia con respecto al órgano administrativo llamado a decidir. Por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la concreta persona, no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa que alguien que -aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa- trabaja en entidades u organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa. A este respecto hay que recordar que, entre las causas de tacha de peritos no designados judicialmente, el art. 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incluye «estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores». Y el art. 344 del propio cuerpo legal dispone que la tacha debe ser tenida en cuenta al valorar la prueba pericial. Pues bien, mientras que el funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa está manifiestamente en situación de dependencia, el lazo es menos acusado en el otro supuesto. Precisar y ponderar, en cada caso concreto, el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano administrativo llamado a decidir es algo que, sin duda, debe hacer el juzgador”. En tercer y último lugar, seguramente hay supuestos en que los informes de origen funcionarial, aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial. Ello ocurre destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir explicaciones o aclaraciones (arts. 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Dichos informes no tendrán más valor que el que tengan como documentos administrativos, y como tales habrán de ser valorados. Queda así respondida la cuestión de interés casacional objetivo relativa a la naturaleza y el valor de los informes y dictámenes provenientes del interior de la Administración”.
- ¿Cuál es el órgano competente para la declaración de ruina? ¿Qué recurso administrativo podrían interponer los arrendatarios contra la misma?
Para la respuesta a esta pregunta debe utilizarse la correspondiente normativa urbanística, además de la de régimen local[3]; toda vez que ha de repasarse, para la determinación del recurso procedente, la regulación contenida al respecto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre (LPC).
- Acordada la declaración de ruina, ¿Podría el ayuntamiento ejecutar la demolición acordada? Valore también las posibles medidas a adoptar en caso de que el inmueble se declarase en situación de ruina inminente.
La falta de cumplimiento por el titular dominical de lo acordado por el ayuntamiento implica la ejecución a costa de aquel en el marco de la LPC con independencia de que, si existiere urgencia y peligro en la demora, el ayuntamiento disponga todo lo necesario para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras personas (vid. artículos 97 y ss. de la LPC). Así pues, debe tenerse presente lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS)[4], y en la legislación urbanística. En definitiva, para los supuestos de ruina física inminente podrán emitirse órdenes de ejecución urgentes, sin perjuicio de que, si la urgencia lo recomendase, el ayuntamiento pueda adoptar las medidas oportunas directamente y repercutir su coste a los titulares dominicales. En consecuencia, el municipio será responsable de los daños y perjuicios que resulten de las medidas aprobadas, sin que ello suponga exención de la responsabilidad que incumbe al propietario, ya que las indemnizaciones que satisfaga el municipio serán repercutibles a este hasta el límite del deber normal de conservación[5].
- Imaginemos que del informe técnico resulta que la edificación no se encuentra en estado ruinoso y que resulta la concurrencia de elementos que determinan que el bien debería catalogarse a los efectos de su protección. ¿Qué debería hacer el ayuntamiento? ¿Puede decidir discrecionalmente sobre este extremo? Razone la respuesta.
En cuanto a la catalogación, tal y como se aduce en la STS 3183/2010, de 21 de abril (ECLI:ES:TS:2010:3183), se ha de precisar que la determinación de la misma y su grado de protección es materia reglada, lo que supone la privación de discrecionalidad de la Administración porque es deber de esta indicar aquel nivel de protección que mejor sirva a los fines previstos en la normativa al respecto, ya se trate de disposiciones autonómicas o de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, como se razona en la STS 7371/2008, de 23 de diciembre (ECLI:ES:TS:2008:7371).
En consecuencia, la catalogación es reglada porque, si hay elementos protegibles, la Administración necesariamente debe conferir al inmueble el nivel o grado de protección idóneo o adecuado a sus características de forma análoga a lo que sucede con el suelo de especial protección (se recomienda la visualización de las fichas integradas en planes especiales de protección del recinto histórico artístico).
- Breve apunte sobre posibles actividades complementarias
Esta práctica puede utilizarse para profundizar en materia ya impartida, como la potestad de ejecución forzosa.
[1] La cuestión litigiosa sobre la que versa la resolución tiene su origen en la solicitud de una autorización para la exportación de un cuadro de Joaquín Sorolla y Bastida, autorización que fue denegada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español por considerar que el cuadro poseía un valor excepcional y debía permanecer en territorio nacional.
[2] “El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del ius constitutionis manifestado en los términos del auto de admisión, en reafirmar, reforzar o completar, en su caso, la jurisprudencia sobre las exigencias que impone el deber de motivación de la comprobación de valores mediante el método de dictamen pericial y, en particular, sobre la necesidad de que se identifiquen con exactitud los testigos o muestras empleadas en la valoración y la aportación certificada al expediente administrativo de los documentos en los que los valores y circunstancias de los mismos tenidas en consideración, constan o se reflejan”.
[3] Sirvan de ejemplo, las previsiones contenidas en los artículos 198.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, de Cataluña, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo; 141.5 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia; 199.4 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja; y 199.4 del Decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. El primero de los preceptos mencionados dispone lo siguiente: “Si hay urgencia y peligro en la demora de una declaración de ruina legal de un edificio, el ayuntamiento o el alcalde o alcaldesa, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, debe disponer lo que sea necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y el desalojo de las personas ocupantes, y también respecto al apuntalamiento o el derribo total o parcial del inmueble”.
[4] El artículo 15 del TRLS está redactado como sigue: “1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes siguientes:
- a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
- b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
- c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación. En éste último caso, las obras podrán consistir en la adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Administración de manera motivada el nivel de calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas.
- El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de la Administración que ordene las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
- El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.
- La Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables. El acto firme de aprobación de la orden administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa e inmediata, por determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística.
Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al titular o titulares del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aquéllos, o a la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a elección de ésta. En tales supuestos, el límite máximo del deber de conservación podrá elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo acordado por la Administración, una vez dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del régimen correspondiente, la Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la última inscripción de dominio”.
[5] Vid. el artículo 15 del TRLS, especialmente los apartados tercero y cuarto, cuyo texto está transcrito en la nota anterior.
