Sentencia de 20 de junio de 2019 del Tribunal Constitucional

Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Mediante Sentencia de 20 de junio de 2019, el Tribunal Constitucional ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Grupo Parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados contra la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

 

El Tribunal Constitucional desestima y, por tanto, acepta la constitucionalidad de 22 de los 25 artículos impugnados. En concreto, se anulan los siguientes preceptos:

 

-Art. 60.4: Que permite la instalación de almacenes y otras dependencias vinculadas con actividades pesqueras en suelo rústico colindante con puertos pesqueros; se permite el uso, pero no esa clase de instalaciones.

 

-Art. 60.6.b): Que prevé el traslado y nueva construcción de edificios en fuera de ordenación afectados por una obra pública (carretera). Se da la circunstancia de que este precepto reproduce el art. 66.8 del Texto Refundido de Ley de Ordenación del Territorio de 2000 (derogado por la nueva Ley).

 

-Art. 123.4: Que, en relación con los proyectos de interés insular o autonómico, permite excepcionalmente llevarlos a cabo con independencia de la clasificación del suelo; el Tribunal precisa que esta posibilidad sólo cabe en los supuestos previstos expresamente en la Ley (excluyéndose únicamente en los proyectos de “naturaleza análoga”). Con esta salvedad, la regulación de estos proyectos es declarada constitucional.

 

-Art. 174.2: Que establece una presunción sobre cuándo un determinado proyecto de obra puede entenderse que no tiene efectos significativos para exigir su evaluación ambiental. El Tribunal lo anula, reconociendo que sigue siendo posible, pero mediante declaración caso a caso por el órgano ambiental (este apartado procede del artículo 45 de la Ley 14/2014, de simplificación y armonización, también derogada por la nueva Ley).

 

Todos los demás preceptos recurridos son declarados conformes con la Constitución. Entre ellos los relativos a la atribución a Cabildo y Ayuntamientos de la competencia para aprobar de forma definitiva los planes insulares y municipales; los que regulan la actividad del sector primario en el suelo rústico, superando una visión museística del mundo rural, incluyendo el régimen de usos complementarios; los instrumentos (proyectos de interés insular, ordenanzas provisionales) diseñados para permitir responder necesidades sociales sobrevenidas; el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del planeamiento; y la simplificación de los controles administrativos con la supresión de la calificación territorial para actuaciones en suelo rústico o el régimen de comunicación previa.

El texto de la Sentencia se puede consultar en la web del Prof. de Derecho Administrativo de la ULL, Andrés M. González Sanfiel, “Nuevo Derecho Urbanístico”:http://www.nuevoderechourbanistico.es/wp-content/uploads/2019/06/STC-LSENPC.pdf

Remitido por:

Secretaria AEPDA

Fecha publicación:

  • 01/07/2019

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